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El PP pregunta al Gobierno por la sentencia del TSJR que confirma la discriminación de Concha Andreu a la educación concertada

16-11-2022
Educación
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Elevar las ratios en los centros concertados fue un grave error del Ejecutivo que la Presidenta debería asumir en primera persona, si pudiera, cesándose a sí misma

Supone un nuevo varapalo judicial a las políticas sectarias e ideológicas del PSOE que merman el sistema educativo, y lastran la formación académica y el futuro de los jóvenes

La Justicia da la razón al PP cuando exigió al Gobierno socialista que retirase dicha medida, en defensa de la libre elección de centro y de la calidad de la enseñanza

El Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento de La Rioja dirigidas a conocer la opinión del Gobierno de La Rioja sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que confirma que la Consejería de Educación del Ejecutivo de Concha Andreu discriminó a la escuela concertada al emitir en 2020 una resolución que elevaba la ratio de alumnos sólo en los centros financiados mediante concierto.       

 

Igualmente, el Grupo Popular ha preguntado si está previsto que alguien en el Gobierno de La Rioja asuma responsabilidades políticas por este grave error de gestión que ha puesto en evidencia la Justicia. Para el Partido Popular, debería ser la propia Concha Andreu quien asumiese las consecuencias de aquella nefasta decisión, si fuera posible, cesándose a sí misma.

 

No cabe duda de que el TSJR ha dictado sentencia contra la pésima gestión educativa de Andreu y sus constantes ataques a la red de centros concertados y a la libre elección de centro. Por este motivo, el Grupo Popular en la Cámara riojana ha solicitado conocer la valoración del Ejecutivo regional ante este nuevo varapalo judicial a las políticas sectarias e ideológicas del PSOE que merman el sistema educativo y lastran la formación académica y el futuro de los jóvenes.

 

Además, la sentencia del TSJR da la razón a la moción presentada por el Partido Popular en el año 2020 con la que nuestra formación política exigía la retirada urgente de una orden que iba a suponer, de manera inmediata, el cierre de diez unidades durante el curso 2020/2021.

 

Incluso, el Grupo Popular llegó a solicitar la comparecencia del entonces Consejero de Educación, Luis Cacho, para pedirle explicaciones por este nuevo menosprecio a las familias que optan por la educación concertada. Una solicitud que fue rehuida por Luis Cacho, cesado en agosto de 2020 tras conocerse por los medios de comunicación que poseía 77 millones de euros en una cuenta sicav en Luxemburgo, y no por su nefasta gestión de la Educación riojana.

 

De igual modo, el fallo del TSJR avala la fuerte contestación social que recibió la ampliación de las ratios en la concertada, que derivó en una concentración, apoyada por el Partido Popular, a la que asistieron miles de docentes y familias riojanas para defender la libertad educativa frente a la sumisión de Andreu a los dictados de Pedro Sánchez y de la Ley Celaá.

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