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El PP defiende un modelo de gratuidad universal escolar de 0 a 18 años ampliando los conciertos educativos a 10 cursos

01-12-2021
Educación
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Garrido subraya que el PP está radicalmente en contra de la derogación de la Ley 2/2011 de autoridad del profesorado que plantea el Gobierno de Andreu

Desde un espíritu constructivo y en sintonía con los sindicatos educativos, el PP propone no derogar una Ley que ha funcionado bien, sino reformarla, e invita a la Consejería a dialogar sin sectarismos

El Portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha defendido “un modelo de gratuidad universal escolar de 0 a 18 años en nuestra Comunidad ampliando los conciertos educativos a los 10 cursos de la educación obligatoria desde Primaria hasta Secundaria, desde los 6 hasta los 16 años”.

 

         Extender el concierto singular que establece la LOE al conjunto del Bachillerato de La Rioja en todos los centros a partir del curso 2022/2023 además contribuiría a “concretar el principio de libertad de elección de centro educativo”, ha defendido el Portavoz del Grupo Popular que ha reclamado que se reconozca “el principio de demanda social como principio básico organizativo de la programación educativa de La Rioja”.

 

         Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 1, durante una rueda de prensa en la que ha detallado las medidas administrativas en materia educativa propuestas por esta formación política en nuestra Comunidad, recogidas en forma de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y de Acompañamiento de los Presupuestos de La Rioja para 2022.

 

         Entre ellas, ha destacado la firme oposición del Grupo Popular a la derogación que plantea el Ejecutivo de Andreu de la Ley 2/2011 que aborda la condición de autoridad del profesorado y regula los principios básicos de convivencia en los centros educativos riojanos. “Defendemos la condición de autoridad del profesorado, tal y como expresamente establece la Ley que pretende derogar el Consejero Uruñuela para el equipo directivo, a los profesores de centros públicos y concertados, así como a los inspectores de Educación”.

 

         “Una norma que declara la protección inherente en su condición de autoridad, con la presunción de veracidad en su ámbito disciplinario y que impone el deber de colaboración de terceros cuando ejerce su función disciplinaria. Un referente normativo que fortalecía el papel del profesorado, un valor que hay que defender. Estamos radicalmente en contra de su derogación, por eso planteamos una enmienda para suprimir esa derogación porque desde su aprobación en 2011 no ha habido ni una sola queja en el sector, ni un solo motivo para derogarla y sí a sindicatos educativos, como ANPE, STAR, CSIF, FSIE o USO que se han opuesto a su derogación”, ha señalado.

 

         “Nada avala su derogación, queremos ser constructivos, si el Consejero Uruñuela pretende fortalecer la dimensión no sancionadora en los centros (prevención, intervención previa en resolución de conflictos o convivencia pacífica) le proponemos introducir ese ámbito en la norma actual. Desde un espíritu constructivo, proponemos no derogar una Ley que ha funcionado bien, sino reformarla, estamos abiertos a reunirnos con el Consejero para abordar esta modificación desde un diálogo sincero, sin sectarismos”, ha apuntado.