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El PP plantea una ofensiva legislativa contra la ocupación ilegal en las cortes generales, parlamentos autonómicos y ayuntamientos

02-10-2020

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Con la reforma de la Ley Orgánica que propone el PP la ocupación ya no será delito leve y se le dará un plazo de 12 horas para el desalojo

Se endurecen las penas por ocupación, que oscilarán entre 1 y 3 años de prisión

Las personas jurídicas y las comunidades de propietarios podrán proponer el desalojo de unos ocupas que ya no podrán empadronarse en esos inmuebles ocupados 

El Partido Popular ha planteado una ofensiva legislativa para combatir la ocupación ilegal presentando iniciativas para proteger la propiedad privada en las Cortes Generales, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos.

         Los parlamentarios nacionales del PP de La Rioja, Javier Merino, Ana Lourdes González y Carlos Yécora han detallado hoy, día 2, en rueda de prensa, el contenido de estas iniciativas, que además de hacer frente al creciente fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas busca garantizar la convivencia vecinal y mejorar la seguridad en las comunidades de propietarios.

A este respecto, el Diputado Nacional del PP de La Rioja, Javier Merino, ha detallado los cinco puntos principales de la Proposición de Ley Orgánica registrada en el Congreso por el Grupo Popular. “El ocupa ya no va a tener protección a la hora de entrar en un domicilio, con la reforma que propone el PP ya no será un delito leve y se le dará un plazo de 12 horas para desalojar o para aportar un documento que acredite la propiedad. Cumplido ese plazo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado estarán habilitadas por vía judicial para proceder al desalojo”, ha explicado.

         “Es necesario endurecer las penas, con esta reforma quien ocupe de manera ilegal una vivienda se expone a una pena de prisión de hasta tres años. Las personas jurídicas también podrán proponer el desalojo de una vivienda de su propiedad ocupada, algo que también podrán hacer las comunidades de propietarios”, ha subrayado.

Por su parte, la Senadora del Partido Popular de La Rioja, Ana Lourdes González, ha resaltado la necesidad de “reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, así como proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”.

Las cifras oficiales subrayan que en los últimos dos años la ocupación ilegal se ha disparado en un 23%, pasando de 12.200 viviendas en 2018 a la previsión de que sean unas 15.000 a finales de 2020. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020, se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Se estima que hoy en España hay como mínimo 81.000 viviendas ocupadas ilegalmente, ha recordado.

La también Vicesecretaria de Relaciones Institucionales del PP de La Rioja ha apuntado que esta formación política ha comenzado “una campaña de recogida de firmas a la que invitamos a unirse a todos los riojanos para firmar contra la ocupación ilegal y apoyar el plan contra la ocupación del PP. Los interesados pueden firmar en la sede del PP, a través de internet en la plataforma change.org y en las mesas que próximamente instalará el partido en la capital riojana”.

Del mismo modo, el Senador y Vicesecretario de Acción Municipal del PP de La Rioja, Carlos Yécora, ha detallado los puntos principales de dos mociones presentada por el Grupo Popular en la Cámara Baja. Una iniciativa busca “reforzar la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que, tras solicitar las medidas judiciales oportunas, puedan proceder al desalojo inmediato”. La segunda moción, entre otras cuestiones, pretende garantizar que la “ocupación del inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el Padrón Municipal y que éste no tenga la consideración de morada”.

A su vez, a recordado que el Partido Popular ha registrado en los ayuntamientos una moción en la que subraya su firme compromiso con “la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal e insta al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una Ley que haga posible estos objetivos”.