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La Ley de Protección de los Animales de La Rioja sigue recurrida a la espera de una sentencia definitiva

14-01-2020

El Tribunal aún no se ha pronunciado en relación al recurso interpuesto contra esta Ley por 50 senadores del PP

El Gobierno Central del PSOE ha permitido que se aplique una Ley que genera serias dudas sobre su constitucionalidad

Ante la decisión del Tribunal Constitucional conocida hoy, día 14, sobre la Ley de Protección de los Animales de La Rioja aprobada en 2018, el Partido Popular de La Rioja recuerda que esta Ley continúa estando recurrida ante este órgano, a través del recurso interpuesto contra la norma por 50 senadores del Partido Popular en febrero de 2019, y a la espera de una sentencia definitiva.

         El Tribunal Constitucional entiende que el Gobierno de La Rioja, que recurrió una norma que obliga a sus funcionarios a aplicar unos artículos de dudosa legalidad, no tiene legitimación para recurrir las leyes aprobadas por su Parlamento Regional. Una decisión, conocida hoy, que, por otra parte, ha sido adoptada con cuatro votos particulares, que legitiman la decisión del Gobierno de La Roja de recurrir esta norma.

         El Pleno del Parlamento de La Rioja aprobó la Ley de Protección de Animales en noviembre de 2018 como resultado de una proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La iniciativa contó con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular.

         En este sentido, el Partido Popular de La Rioja recuerda que esta norma fue cuestionada a través de un informe emitido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Un escrito que alertaba sobre las dudas en materia de constitucionalidad o vulneración de las normativas estatal y comunitaria que generaban numerosos artículos de la misma, entre ellos el 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 37, 38, 39, 45 o 54.

         Como el Gobierno de Pedro Sánchez no la recurrió, pese al informe que alertaba de su inconstitucionalidad, la Ley es de aplicación hasta que se produzca una sentencia al respecto. Si la hubiera recurrido, se hubiera suspendido la aplicación de la Ley hasta que se dictara sentencia. Por tanto, el Gobierno Socialista ha permitido, de forma irresponsable, que se aplique una Ley que genera serias dudas sobre su constitucionalidad.