Usted está aquí

Herranz alerta de que la directiva sobre abusos comerciales no protege a todas las empresas de la cadena agroalimentaria

13-04-2018
Agricultura
Agricultura

El Parlamento acoge el nuevo proyecto para luchar contra las prácticas abusivas tras años de espera

La eurodiputada del PP Esther Herranz ha felicitado al Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan por la nueva propuesta de Directiva sobre prácticas abusivas en la cadena alimentaria, pero ha alertado del riesgo de que pueda resultar “insuficiente” al limitarse su ámbito de aplicación “a las operaciones entre pequeñas y medianas empresas proveedoras y grandes establecimientos comerciales quedando así desprotegidas todas las demás”.

La propuesta, una de las más importantes de esta legislatura del Parlamento Europeo, junto con los proyectos de reforma de la PAC previstos para finales de mayo o principios de junio, fue presentada este jueves ante la Comisión de Agricultura de la Eurocámara.

El Parlamento Europeo, que llevaba demandando esa normativa desde hace cerca de 10 años, ha acogido favorablemente la propuesta,  ya que presenta elementos positivos como el establecimiento de una lista de prácticas prohibidas y la creación de autoridades nacionales de control con poder sancionador.

Sin embargo, la eurodiputada riojana ha manifestado su preocupación sobre el ámbito de aplicación de la Directiva, ya que la propuesta se limita a los proveedores de PYMEs por una parte y a los compradores de grandes empresas, por otra.

“De esa forma, los pequeños comercios quedarían desprotegidos ante grandes empresas agroalimentarias, cuando todos, independientemente del tamaño deberían estar cubiertos por la nueva regulación europea”, ha dicho la eurodiputada riojana.

El comisario europeo animó, no obstante, a los miembros del Parlamento a introducir las mejoras necesarias en ese proyecto durante la tramitación legislativa de la nueva directiva.

Por otra parte, Esther Herranz ha señalado que la Comisión Europea “no introduce la obligatoriedad de establecer contratos por escrito, contrariamente a lo recogido por la Ley española de la Cadena Alimentaria”, que en otros puntos del proyecto ha servido de referente.

“Este texto legislativo ha de ser además una herramienta para combatir el miedo a la presentación de denuncias por parte de las víctimas de los abusos”, debido a que se prevé la protección del anonimato de los denunciantes, ha señalado Herranz.

En su opinión, el “factor miedo” por las represalias a las que podrían verse sometidas las víctimas de los abusos es uno de los principales frenos a la hora de dar a conocer esas prácticas a las autoridades competentes.

Las prácticas abusivas realizadas principalmente por la gran distribución provocan unos daños económicos que ascienden a 10.000 millones de euros anuales según un estudio de 2013, mencionado por la Comisión Europea en su propuesta.

La lucha contra esas prácticas a nivel europeo se encuentra en línea con el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar un nivel de vida adecuado a los agricultores, según destaca el Ejecutivo comunitario.

El proyecto de reforma de Directiva de la Comisión Europea ha sido elaborado tras las peticiones realizadas en 2016 por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea. El objetivo de Bruselas es establecer unas reglas mínimas en todos los Estados Miembros para luchar contra los abusos, pues actualmente sólo 20 países disponen de una regulación y en muchos casos no existen medidas sancionadoras y de control.